LA SITUACIÓN DE LOS ESCOLTAS ESPAÑOLES EN EL 2014

LA SITUACIÓN DE LOS ESCOLTAS ESPAÑOLES EN EL 2014

Tras jugarse la vida, 3.000 guardaespaldas están en riesgo de desempleo.
Los escoltas buscan su sitio tras el alto el fuego de Eta y el paro acechando.

Que nunca llueve a gusta de todos tiene su fiel reflejo en la situación por la que atraviesa el colectivo de escoltas privados en nuestro país. Aunque el alto el fuego anunciado por la banda terrorista Eta supuso un alivio para este sector, que se ha jugado la vida durante décadas protegiendo a cargos y personalidades de las balas y las bombas etarras, lo cierto es que muchos de ellos se han quedado sin trabajo. Para intentar reutilizarse, la Asociación de Escoltas ha elaborado un plan de choque para evitar que más de 2.000 personas engrosen las listas del paro.
El pasado año, la banda terrorista Eta anunciaba el "cese inmediato y definitivo de la actividad armada". La noticia, acogida con escepticismo por la mayoría de la sociedad española, supuso, por raro que parezca, un jarro de agua fría para el sector de los escoltas y las agrupaciones de seguridad privada españolas.

En su momento álgido, los guardaespaldas españoles, que no han perdido a un protegido en más de una década, alcanzaron la cifra de 5.500 profesionales, la mayoría de ellos desempeñando labores de escolta en el País Vasco y Navarra. Tres años más tarde, con la violencia etarra bajo mínimos y con la crisis cebándose con la economía española, más de 3.000 trabajadores se han quedado sin trabajo y con escasas opciones de reciclarse profesionalmente.

Ante la gravedad de su situación, la Asociación Española de Escoltas (ASES) ha elaborado un "Plan de reubicación" laboral para aquellos guardaespaldas y agentes privados inactivos. El informe, presentado el pasado día 6, identifica tres áreas en las que los profesionales de la seguridad no estatales podrían reciclarse: custodia de víctimas de la violencia de género, seguridad aérea y protección de personalidades públicas.

¿Seguridad o intimidad?
Los profesionales de la seguridad privada apelan a su amplia experiencia, a su formación específica y al artículo 17 de la Constitución, que hace referencia al derecho que tiene toda persona a la libertad y a la seguridad, para justificar el Plan Integral de Protección para mujeres maltratadas que están elaborando para presentar al Ministerio del Interior y a la Jefatura Superior de Policía.

"La escolta de mujeres víctimas de malos tratos por parte de sus parejas es una lacra social y los guardaespaldas privados ya han demostrado ser una solución efectiva en el País Vasco o Navarra, donde llevan desempeñando esta labor desde 2005", afirma en declaraciones a EL IMPARCIAL Ignacio Rubio, portavoz de ASES.

"Países como Bélgica, Francia, Reino Unido o Italia han aprobado leyes para integrar a los escoltas en otras áreas de actuación que ahora están bajo monopolio del Estado", apuntan desde ASES. Además, señalan que el efecto disuasorio que provocaría la presencia de un escolta entrenado y el ahorro en gasto social (agentes, médicos, asistentes, psicólogos, etc.) que supondría su asignación respaldan su propuesta.

En cambio, las organizaciones de mujeres maltratadas o amenazadas no opinan lo mismo. "No creemos que la solución sea ponerle un escolta a una mujer porque eso significa estigmatizarla todavía más, además de privarla de su libertad de movimientos, de su intimidad, etc.", declaran a este periódico fuentes de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género Convive.

"La víctima no debe estar sometida a vigilancia, no puede ser la perjudicada y ponerle un guardaespaldas no arreglaría las cosas; la escolta debe ser para el maltratador, sobre todo teniendo en cuenta que muchas mujeres se podrían sentir violentadas al ser custodiadas por un hombre", añaden desde Convive.

Desde enero de 2009, 229 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o ex parejas: 68 en 2009, 85 en 2010, 67 en 2011 y 9 en lo que llevamos de 2012. Además, el Instituto de la Mujer contabiliza hasta 150 víctimas más al mes por culpa de esta clase de violencia.

'Polis' del aire'
Otra de las propuestas que recoge el Plan de Reubicación de los escoltas es la que contempla que las compañías aéreas o los entes reguladores les puedan contratar para velar por la seguridad en los vuelos comerciales. "Compañías europeas como Air France o Lufthansa ya cuentan con agentes de incógnito entre sus tripulaciones y la experiencia ha sido muy positiva", señalan desde ASES.

Quizás, el punto que más dudas levanta entorno a esta salida laboral es el que hace referencia a la posesión de armas de fuego durante los vuelos. Para sortear esta problemática, los profesionales de la seguridad privada han trasladado a la Administración un dossier en el que figura otro tipo de armamento.

Pistolas de perdigones 'Glaser Safety Slug', munición 'Desintegrator', pistolas eléctricas, aerosoles de gas pimienta o granadas 'Flash Bang' son algunas de las opciones que presentan los escoltas para desempeñar sus funciones en los aviones.

¿Juega la crisis en su contra?
Desde que Mariano Rajoy tomara las riendas del Gobierno, una palabra se ha repetido más que las demás: recorte. La austeridad está marcando los primeros meses del nuevo Ejecutivo y el hecho de que los escoltas ya no sean imprescindibles en la lucha antiterrorista ha situado a la seguridad privada en un blanco fácil para la crisis. Sólo el País Vasco tiene previsto ahorrar a lo largo de este año más de 40 millones de euros con este colectivo.

En cambio, desde ASES se sostiene que la asignación de guardaespaldas privados a personas que ahora están siendo protegidas por unidades de la Policía, la Guardia Civil o la seguridad autonómica supondría una medida de ahorro. "Ahora mismo, un agente de Policía trabaja cuatro o cinco días y libra dos, mientras que un escolta hace su labor a tiempo completo y no requiere de jornadas libres", asegura Rubio, que añade que "mientras la custodia pública exige la rotación de hasta siete agentes, la privada cumple la labor con un solo hombre".

Como en España no existe la figura del guardaespaldas autónomo, la Ley de Seguridad Privada les obliga a formar parte de una empresa con permiso. Aunque los sueldos de estos profesionales varían en gran medida por el destino y la persona a proteger, "las nóminas oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros netos al mes", afirma el portavoz de ASES.

Por otra parte, el sector se queja del intrusismo laboral que sufre y lo califica de "mal endémico" que podría empeorar los servicios de seguridad así como las condicionas laborales que rodean a estos profesionales (sueldos, horarios, equipamiento, etc.).

Por ahora, ni el Ministerio del Interior ni el Gobierno vasco, que han rehusado hacer declaraciones a este periódico, se han fijado un calendario para clarificar el futuro del sector. "Somos optimistas y estamos negociado directamente con Esteban Gándara (comisario del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada), pero hay que ser cautos e ir poco a poco", declara lacónico Ignacio Rubio.

Por el momento, los atentados y las amenazas han sido sustituidos por los temidos y tristemente famosos ERE, que están diezmando el número de escoltas en activo. Un colectivo que corre el peligro de caer en el olvido tras años de fiel y arriesgado servicio para proteger la vida de los demás.