Alerta de los administradores de fincas
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento.
Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso
al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos
empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una
empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren
ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el
fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, lo explica el presidente del Colegio
Oficial de Administradores de Fincas.
El intrusismo alcanza tal calibre que en una
urbanización, relata el presidente, un hombre vestido con un mono azul y una
lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le
preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de
mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también
vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar
en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir
el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento
de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos
como auxiliares de seguridad. “Nosotros (la USP de la DGP) no vamos a la caza y captura. Siempre
observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios
de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay
una clara competencia desleal”, subraya la Policía.
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la
seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al
margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede
también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de
fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas
por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que
además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.
Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen
en más espacios y aumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500
compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi
90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y
la Guardia Civil por separado.
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